La reforma prevista «trata de paliar, tomando un atajo, las deficiencias de la Ley Sinde-Wert, que no ha servido para nada», ha dicho Domingo, y ha añadido que le parece también «grave» que se hable en el nuevo Código de contenidos ilegales respecto a derechos de autor, «pero no se diga nada de contenidos xenófobos o terroristas». El usuario de internet no es «capaz de discernir lo que es legal o ilegal, eso lo tiene que decir un juez», ha añadido Domingo, para quien con esta reforma «se están confundiendo los derechos de autor con las libertades fundamentales».
En concreto, se persigue la explotación económica, reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin autorización de los titulares, con ánimo de obtener un beneficio directo o indirecto (a través de publicidad, por ejemplo), así como facilitar el acceso a la localización de obras o prestaciones protegidas en internet. En esta modificación se tipifica expresamente la facilitación de medios para suprimir o neutralizar las medidas tecnológicas utilizadas para proteger la propiedad intelectual.
Por otro lado, en los delitos contra la propiedad industrial se diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas. Estos verán agravada su pena, mientras que a los distribuidores minoristas y vendedores al público se les atenuará proporcionalmente en función de su responsabilidad. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que esta regulación, que adecua la vulneración de la propiedad intelectual a semejanza de la propiedad industrial, «supone un auténtico equilibro entre la protección de los derechos de autor y el avance de las nuevas tecnologías».
Que la reforma plantee la elevación de la pena prevista hasta un máximo de 6 años de prisión e incluya expresamente a las páginas de enlaces en el tipo penal es para la Coalición de Creadores «una clarificación muy relevante por cuanto supone la consideración de los delitos previstos en el precepto como graves». Así, añaden los creadores en su nota, se podrán «aplicar medios procesales y materiales para la investigación y persecución de unas actividades que, por su naturaleza y por su evidente relación con la delincuencia organizada, así lo requieren». Según la interpretación de la Coalición de Creadores, la reforma «se centra en las conductas delictivas más graves y no afecta por tanto al ciudadano que acceda o descargue el contenido, no se le criminaliza». «No se puede obviar -añaden los creadores- que otros delitos contra el patrimonio, como el hurto de especial gravedad, reciben penas similares, y los delitos contra la propiedad intelectual provocan, más allá de los daños a todo un sector creativo, una lesión al patrimonio cultural e intelectual innegable».
La Coalición alienta al Gobierno a continuar impulsando medidas que proporcionen «una protección clara y contundente» también en los términos del anteproyecto para la reforma de la ley de propiedad intelectual que se está ultimando, y evidencia así «su compromiso firme con la industria cultural de los contenidos, la oferta legal, en su condición de sector estratégico para nuestro país y su recuperación económica».
La nueva redacción de los artículos 270 y 271, incorporada al proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, es «un avance positivo hacia la imprescindible y urgente mejora de la tutela penal de la propiedad intelectual en internet», señala en un comunicado la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. «Que la reforma del Código Penal salga adelante con estos cambios es un mensaje de esperanza tanto para los creadores como para todo un tejido empresarial e industrial que desde hace ya demasiados años se esfuerza por desarrollar modelos legales de distribución de contenidos», añaden los creadores. Esta industria, apunta el comunicado, «no puede ser eficiente, ni siquiera sostenible, sin la asunción de medidas que erradiquen la feroz competencia desleal que se estaba consolidando y enriqueciendo injustamente ante la ambigüedad legal de nuestro país».